La SEAPA (Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias) manifiesta su frontal rechazo al nuevo proyecto de ley del aborto denominada Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada.

Como profesionales sanitarios y como colectivo integrado en un 80% por mujeres, no podemos permanecer al margen ante lo que consideramos un importante retroceso en los derechos de las mujeres y que va a contribuir a empobrecer su salud.

Según datos del propio Ministerio de Sanidad, la cifra de abortos en el último año descendió un 5%, lo que viene a ratificar que políticas con legislaciones más abiertas en torno al aborto no producen “efecto llamada” sino todo lo contrario. Ninguna mujer hace del aborto un acto frívolo, en general es fruto de una penosa decisión.

Con la nueva ley se obligará a las mujeres a tener hijos que no desean, muchos con terribles malformaciones, que llevaran una vida de sufrimiento para ellos y sus familias y sin el soporte de ayuda por parte del Estado para poder sufragar los gastos que se suelen derivar de la atención a estas personas. Otras mujeres continuarán adelante con su decisión de abortar, aquellas que tengan medios económicos lo harán en otros países y las que no, recurrirán de nuevo a métodos alternativos, abortos clandestinos, que pondrán en peligro sus vidas; según la OMS el aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna.

Una decisión tan profundamente personal se deja en manos de terceros, convirtiendo a los médicos en jueces de la mujer. La objeción de conciencia de los sanitarios a la que hace referencia la ley, no debe impedir que las mujeres tengan acceso a servicios sanitarios a los que tienen derecho; la objeción, además, no debe ser en un único sentido, debiera ser en sentido doble; el conflicto moral al que pueden verse abocados los sanitarios, no es solo para aquellos/as que no desean participar en intervenciones como la interrupción de embarazo, también se planteará un importante conflicto ético en aquellos/as que queriendo ayudar sanitariamente a una mujer que lo necesita, no podrán hacerlo ya que se exponen a ser penalizados/as con cárcel, ¿cerraremos los ojos al saber que la interrupción se va a realizar pero en dudosas condiciones sanitarias?, ¿faltaremos a nuestra obligación de facilitar información adecuada? ¿dejaremos de ayudar a quien precisa atención?.

Por otra parte, a esta ley se suma la desfinanciación de los métodos anticonceptivos, en un país en el que la educación sexual es una asignatura pendiente. Según el “Barómetro Europeo del acceso a las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos”, España suspende en la mayoría de los ítems consultados, el estudio fue presentado en el Parlamento europeo en junio pasado y recoge datos de varios países europeos.

En SEAPA compartimos la visión de la OMS sobre salud sexual y reproductiva, en el que “aspira a un mundo en el que se proteja y respete el derecho de todas las mujeres y hombres a gozar de una buena salud sexual y reproductiva, y en el que todas las mujeres y los hombres, incluidos los adolescentes y quienes están marginados o insuficientemente atendidos, tengan acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva”.

Por todo ello desde SEAPA exigimos:

que se lleven a cabo medidas poblacionales de educación sexual en el marco del desarrollo de la ley de salud sexual y reproductiva.

que se mejore el acceso a los métodos anticonceptivos con la financiación de los mismos para evitar embarazos no deseados

que la nueva ley sea retirada para asegurar que aquellas mujeres que decidan interrumpir el embarazo lo hagan con todas las garantías sanitarias y legales.

 

Gijón, 30 de diciembre de 2013

 

Junta Directiva de FAECAP, A.A.. Tras la aprobación el pasado 20 de diciembre, por parte del Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprime el derecho al aborto tal y como estaba concebido en la actual ley de plazos (14 semanas de embarazo), Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010, de 3 de marzo, la FAECAP a través de su Junta Directiva manifiesta su preocupación por el riesgo que la nueva propuesta supondrá para la salud física, psicológica y social de las mujeres. 

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